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Foto: conociendolugares.jimdo.com

Luego del escándalo que se destapó este fin de semana (escándalo que vienen denunciando el diario El Sol y MDZOL desde 2010) vamos a ir desmenuzando por partes lo ocurrido así intentamos entender la magnitud del asunto.

La ley

Antes que nada leamos algunos artículos de la “Ley de aguas”, sobre la que actúa el Departamento General de Irrigación de la provincia:

Artículo 2 El agua concedida a uno o más vecinos sólo podrá ser conducida por canales, cauces ó acueducto, ordenados o construidos con aprobación expresa de las autoridades de aguas.

Artículo 32 Son del dominio público las aguas fluviales que discurren por Barrancos o ramblas cuyos cauces son de dominio público.

Artículo 106 mientras las aguas corran por cauces naturales y públicos todos podrán usar de ellas para beber, lavar la ropa, vasijas o cualesquiera otros objetos, bañarse, abrebar o bañar animales, con sujeción a los reglamentos de policía y ordenanzas municipales.

Artículo 107 en las aguas que, apartadas artificialmente de sus cauces naturales o públicos, discurriesen por canales, acequias o acueducto descubiertos, aunque pertenezcan a concesionarios particulares, todos podrán extraer o conducir en vasijas la que necesitan para usos domésticos, o fabriles, a para riego de plantas; pero la extracción habrá de hacerse a mano sin género alguno de máquinas y sin detener el curso del agua, ni deteriorar las márgenes del canal o acequia.

Artículo 110 nadie podrá aprovechar las aguas de los ríos o Arroyos de propiedad pública, fuera de los casos expresados en los artículos anteriores, sin la expresa concesión de autoridad competente.

El dictamen de Irrigación respecto al río San Isidro

Irrigación determinó en 2010 que el río San Isidro es un curso de agua público, propiedad del Estado. En 2014 se modificó esto y se otorgó concesiones a privados. Este permiso de uso fue únicamente con “fines recreativos”.

Dalvian reclama que el río San Isidro está dentro de su propiedad, o sea que pueden hacer lo que quieran con él y su cauce. Por ello se niega a pagar por el uso del agua y lo reclama como suyo y prohíbe, mediante una cuadrilla de guardias privados y torres de vigilancia, las inspecciones de agentes del Estado. Mientras tanto, otros propietarios reclaman el acceso al agua y denuncian que se hacen nuevas obras para desviar el río.

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La puja contra Irrigación

“Irrigación apela al Código Civil y también a la Ley de Aguas, porque si bien la naciente está en un terreno de propiedad privada, el agua es parte de un curso público. El problema es que el recorrido del río fue alterado: hay una alcantarilla y un sistema que desvía el agua hacia la estancia San Isidro.” Cuenta el periodista Pablo Icardi para el diario MDZ.

Actualmente esta puja está siendo analizada por la Suprema Corte de Justicia, donde los jueces Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez aceptaron la demanda de Dalvian y están analizando el tema. No obstante, como vimos en el video de los motoqueros, la sociedad de Daniel Vila, está levantando un dique frente a la cascada del cause del río, donde ya se ha instalado una cañería. Esta cañería está desviando el cauce del río. Estas obras no están notificadas. O sea… se pasa por el forro de las pelotas lo que dicte en un futuro efímero la Suprema Corte.

Algo de historia sobre los Vila y sus manejos

El blog “Seprin” publicó en 2013 el siguiente informe:

“Alfredo Luis Vila era empleado de Kolton (jefe de compras) y en el año 1968, asociándose con militares vinculados a la dictadura de Onganía crearon Comensa SA, a la que después le cambiaron de nombre por Dalvian SA, una empresa inmobiliaria y constructora que creció apropiándose de importantes terrenos aledaños al Parque General San Martín por medio de irregulares títulos supletorios.

Con el tiempo y por distintos medios Vila fue comprando las partes de sus socios en Dalvian pasando a ser propiedad íntegramente de la familia Vila. En 1976, Vila se transformó en el accionista mayoritario del Banco de Los Andes, entidad que luego vendió a Héctor Greco.

Gracias a las buenas relaciones de Vila con los militares, gestadas durante su paso por la Escuela Militar de la Nación, cuyos estudios no concluyó, en el año 1979 Dalvian consiguió un crédito de u$s 2.000.000 del Banco de Mendoza que nunca devolvieron, que les permitió realizar la urbanización de esos terrenos, transformándolo en el mejor barrio privado de Mendoza.

Tiempo después, dada la falta de pago, el crédito fue ejecutado por el Banco de Mendoza, deuda que después pasó a la provincia como consecuencia del traspaso de deudores que hicieron al Ente de Fondos Residuales (EFOR) cuando el gobernador Rodolfo Gabrielli privatizó los bancos oficiales de la provincia.

Cuando el banco inició la demanda, los Vila ofrecieron pagar el 10% de lo que debían en 100 cuotas, propuesta de pago que fue rechazada. Entonces, aprovechando la información que les brindaba el Dr. Roberto Uliarte, abogado del banco y empleado de los Vila, fue que iniciaron furiosas campañas de prensa a través de su radio Nihuil, denunciando los negociados en el banco durante la presidencia de Eduardo del Amor. Uliarte fue descubierto y echado del banco.

Finalmente, después de 25 años de litigio fueron condenados a pagar u$s 2.500.000, calculados a mayo de 1995. Dalvian también asumió una deuda con el EFOR de u$s 3.700.000, calculada a noviembre de 1996, que tenía la firma Jorge Estornell SA, de cuando eran propietarios del Canal 7 de Mendoza. O sea que el total de la deuda de Dalvian con la provincia ascendía a u$s 6.200.000 al año 1996.

Mediante un escandaloso convenio suscripto con el EFOR en mayo de 2005, o sea durante la gobernación de Julio Cobos, dicha deuda quedó reducida a solo u$s 1.500.000 a pagar mediante la entrega de terrenos, provenientes de unas expropiaciones iniciadas por la provincia contra Dalvian. En el convenio se estableció que si los montos en los juicios de las expropiaciones superaban la deuda de Dalvian, esta se los donaba a la provincia. En los juicios de expropiación, en noviembre de 2007, se dictaron sentencias por las cuales el monto de las expropiaciones quedó establecido en $ 3.700.000 a favor de Dalvian. El 19 de diciembre de 2007, o sea nueve días después que asumiera Celso Jaque la gobernación, suscribieron un convenio de compensación, resultando un saldo de $ 1.900.000 a favor de Dalvian, pese a que en el convenio de pago se había establecido la donación a favor de la provincia en este caso.

O sea que mediante estas maniobras Dalvian redujo su deuda de u$s 6.200.000 (unos $ 24.000.000) a tan solo u$s 1.500.000 (alrededor de $ 6.000.000) que compensaron con créditos por expropiaciones sobrevaluadas (los terrenos eran incultos, sin mejoras y el Tribunal de Tasaciones los había valuado en $ 3.300) que ascendían a $ 3.700.000 y como por arte de magia terminaron cobrando $ 1.900.000. Por este motivo se dio un fallo histórico: destituyeron a Joaquín de Rosas como fiscal de Estado por 16 votos contra 2. Así el tribunal decidió el desplazamiento del funcionario acusado de beneficiar al Grupo Vila por la compensación de tierras expropiadas en la zona de Divisadero Largo.

El barrio Dalvian fue expandiendo sus terrenos, apropiándose ilícitamente de los predios aledaños y fraguando juicios de usucapión (títulos supletorios), como fue en el caso con su vecina Universidad Nacional de Cuyo (UNC) a la cual le usurparon 32 hectáreas. Terrenos en los que Vila construyó un campo de deportes y en el año 1986 inició un juicio contra la UNC por usucapión, aduciendo que durante ese tiempo la universidad no hizo uso de los mismos y que ellos le habían introducido mejoras.

Dichos terrenos habían sido del Ejército Argentino, teniendo radicado allí un Polígono de Tiro, que en el año 1980 fueron traspasados a la UNC. O sea que los bienes objeto del litigio no eran de tipo privado sino una propiedad pública, destinada al uso educativo, y de acuerdo con el Código Civil no pueden ser adquiridos por título supletorio por ser bienes del dominio público”.

El supuesto motivo de todo este asunto

¿Porqué están haciendo estas obras? Te preguntarás… para mí es sencillo: podría ser para abastecer de agua a Dalvian. Como vimos anteriormente, la familia Vila, usurpó y se quedó con 32 hectáreas pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo. Lógicamente para expandir el famoso barrio privado. El crecimiento explosivo que ha tenido, con todas las demandas de agua que tienen quienes ostentan este nivel de vida, indefectiblemente dificultan el abastecimiento de agua. La cascada mana 15 litros por segundo. Es por ello que sería muy posible desviar el agua pública del río hacia su emprendimiento inmobiliario privado. Donde, además, les cobra el agua al doble del precio del Ente Provincial del Agua y el Saneamiento (EPAS).

Sería un negocio redondo fácil de imaginar.

Además observo que San Isidro es un punto estratégico fantástico que une el dique Potrerillos con el centro de Mendoza… usurpar esos terrenos es su debido tiempo fue el mejor negocio del visionario Vila. ¿Se imaginan el emprendimiento inmobiliario que se puede hacer uniendo ambos puntos? Faraónico.

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Una denuncia jugosa

En 2002 alguien denunció en forma anónima al Departamento General de Irrigación que el agua extraída de la cascada San Isidro era tomada ilegalmente por Vila, y que la transportaba, entubada, hacia el barrio Dalvian. Con lujo de detalles, el denunciante afirmó que “dentro de la estancia San Isidro se encuentra un estanque con doble fondo, que a simple vista sirve para abastecer de agua a la propiedad, sin embargo debajo del mismo se han instalado tubos que conducen el suministro al depósito ubicado en el barrio Dalvian”. Concluía diciendo que solicitaba una inspección ocular para que terminara “este abuso o irregularidad”. Hasta el lugar fueron funcionarios de la Dirección de Policía del Agua y de la Dirección de Investigación y Planificación Hídrica, ambas de Irrigación, para realizar una inspección ocular. No se comprobó que el agua se enviaba a Dalvian, pero sí que se quedaba en la estancia a llenar bellas lagunas artificiales… o sea, agua tuya para su paraíso parafernálico donde se celebra la “Vendimia Solidaria”.

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Foto: Pablo Icardi

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Foto: Pablo Icardi

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la prepotencia del poder permita que esta calaña de nefastos personajes dispongan de lo que es nuestro? De la misma manera se manejan con las concesiones petroleras, bajo movidas desprolijas que se asemejan a negocios inmobiliarios, ganando las licitaciones, no haciendo nada y asociándose con YPF para que ésta haga el trabajo… o sea, “contactos”. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esta gente haga lo que quiera con lo nuestro, usurpe terrenos, se quede con recursos, comercialice áreas que son de uso público y nos quite lo de todos? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar mensajes pseudo mafiosos como estos?

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¿Hasta cuándo, Mendoza?

Fuentes de la información:

http://www.agua.gob.ar/dgi/ley-aguas
http://www.mdzol.com/nota/694825-de-quien-es-el-rio-san-isidro/
http://www.mdzol.com/nota/696135-crece-el-conflicto-por-el-rio-san-isidro/
http://www.elsol.com.ar/nota/58781
http://www.elsol.com.ar/nota/59160
http://www.elsol.com.ar/nota/201632

INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL GRUPO VILA-MANZANO (una historia plagada de estafas y negociados)

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