Allá por el 2005 a un gobernador radical se le ocurrió ir a buscar inversores extranjeros para Mendoza. Llegaron varios, entre ellos los que avanzaron sobre la posibilidad de extraer cobre en Uspallata, y se presentó el Proyecto San Jorge. Vinieron los ambientalistas de General Alvear y San Carlos, que no tenían nada que ver con el tema en Las Heras, pero bueno, todos los sectores tienen su lobby.

Ese mismo gobernador radical, cuando se dio cuenta de la bombita de tiempo que se estaba formando con los ambientalistas por el tema del agua, dio marcha atrás con la cuestión y, en 2007, apareció la Ley 7722, que la mayoría no tiene idea qué dice (si es que siquiera sabe que existe), pero en el imaginario popular se cree que es para evitar la contaminación por minería. De ahí al concepto de que la minería es contaminante, no hay diferencia para los ambientalistas, como si se alumbraran con aceite.

Luego, ese gobernador radical se convirtió en vicepresidente de un gobierno peronista gracias al acuerdo del actual presidente, que en ese entonces era Jefe de Gabinete, junto a otro radical que luego también se convirtió en gobernador. Al gobernador de la 7722 le siguió otro gobernador peronista que no tuvo mejor idea que nombrar Ministro de Infraestructura, Vivienda, Transporte e Hidrocarburos, a un abogado del bufete que asesoraba a la empresa que quería extraer el cobre de Uspallata. Volvieron los ambientalistas y cada Fiesta de la Ganadería en Alvear era un piquete antiminero. (¿?)

Ese ministro se convirtió en gobernador y en su mandato se intentó que la Legislatura de Mendoza aprobara la Declaración de Impacto Ambiental prevista en la Ley 7722 para los proyectos Hierro Indio y Cerro Amarillo, ambos metalíferos. Los radicales bajaron el dedo por orden del líder de la oposición, que luego se convirtió en el gobernador siguiente. ¿Se acuerdan que en una nota anterior les conté que la minería es la que define gobernadores en Mendoza? Bueno, la fórmula sigue vigente. Por si no la leíste: «Minería, la madre que los parió».

El nuevo gobernador radical, antes de irse, dio la orden a los legisladores (sí, los gobernadores dirigen las votaciones en el legislativo provincial y nacional, ¿quién dijo que este país no es federal?) de ir para adelante con el proyecto de Hierro Indio, en Malargüe. ¿Los ambientalistas? Vaya uno a saber… El proyecto se aprobó.

El siguiente gobernador, también radical, dijo en campaña que iba a hacer Minería en Mendoza y lo votaron. Como el que avisa no traiciona, apenas asumidito mandó a la Legislatura el proyecto de modificación de la 7722 y ahí llegaron el martes último los productores agrícolas de San Carlos y Tunuyán en sus doscientas camionetas 4×4 a protestar. ¿Saben ellos que el combustible con el que funcionan las camionetas, la chapa del habitáculo y los cauchos neumáticos son productos de la minería? Coherencia por favor.

¿Qué dice la ley?

Básicamente enumera las sustancias tóxicas que no se pueden usar en la lixiviación de metales en Mendoza y establece que la Legislatura tiene que aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA),

La DIA no es un papelito, es la evaluación de un informe técnico (Informe de Impacto Ambiental: IIA) que tiene varios cientos de fojas, elaborado por expertos.

Entiéndase, a la Legislatura llega un documento elaborado, evaluado y aprobado por expertos en la materia que dice que el proyecto NO CONTAMINA. Si el proyecto tiene observaciones no llega a la Legislatura.

¿Qué se pretende modificar?

Las modificaciones son dos: dejar sólo el mercurio como sustancia tóxica prohibida y que la Declaración de Impacto Ambiental no pase por la Legislatura.

Ustedes dirán que eso está mal. Bueno, la verdad que no, porque los Legisladores mendocinos son bastante torpes y faltos de entendimiento para comprender las cosas (ese es el significado de “estúpido”, según la RAE);  y de minería, salvo contadas excepciones, no saben nada.

Pero en cambio, entre las modificaciones de la Ley se pretende incluir al Departamento General de Irrigación y al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) entre los órganos de control. Sí, aunque ustedes no lo crean, estos dos fundamentales organismos custodios del agua en Mendoza no controlan actualmente nada en lo que refiere a la ley 7722 aunque sí participan del Informe de Impacto Ambiental de los proyectos mineros.

Cabe aclarar que la Dirección General de Irrigación es un ente autárquico, el Gobernador de la Provincia no nombra a su titular ni tiene poder sobre él y, de hecho, tiene su cargo por seis años conforme a la Constitución Provincial, trascendiendo el mandato de cualquier gobernador. El IANIGLA  forma parte del Conicet (Organismo nacional) y la Universidad Nacional de Cuyo, por lo tanto, también es independiente del Gobierno Provincial. Pero los ambientalistas siguen queriendo que los legisladores decidan sobre el agua, como lo hacen sobre impuestos, sobre presupuesto y sobre protocolo de aborto.

¿En serio creen que los legisladores son más confiables que el IANIGLIA e Irrigación?

En cuanto al mercurio, está presente en los focos que tenés en tu casa irradiándote la cabeza mientras cocinás, comés, lees y ves televisión.

Retomo: los radicales hicieron la ley, los radicales no aprobaron Hierro Indio, los radicales cuatro años luego aprueban Hierro Indio y los radicales quieren modificar la Ley que crearon. Coherencia por favor, again.

Policía Minera

Acá me voy a detener porque es importante. La ley 7722 no dice de dónde salen los fondos para los inspectores de minería. No son funcionarios, no son acomodados de turno, son profesionales geólogos con cargo de planta permanente. Ganan, como mucho, unos veinte mil pesos por mes y son cinco. Sí, cinco geólogos tienen que custodiar el agua, las canteras clandestinas y evaluar el impacto ambiental de todos los proyectos mineros en sus tres categorías según el Código de Minería de la Nación. ¿Por qué no son más? Básicamente porque les pagan migajas comparado con lo que ganan en las petroleras y porque no hay recursos para hacer esas policías. No les pagan viáticos cada vez que tienen que ir al Valle de Uco o al Sur de Mendoza y el presupuesto de la Dirección de Minería no alcanza siquiera para comprarles la ropa adecuada y el calzado de seguridad. Pero el predio en donde funciona está quedando precioso con los tres millones de pesos que destinó el anterior Ministerio de Economía e Infraestructura.

La modificación a la ley 7722 incluye la creación de un Fondo de Policía Ambiental que se va a nutrir de las regalías mineras. ¿Piensan que las regalías van a tardar? Les asombraría el monto que ingresa a ATM por canon minero en el caso de las canteras que extraen materiales de construcción, imagínense con la plata de los metales.

Muchachos antimineros: entiendan que cuando dicen que la Ley 7722 no se toca están diciendo que no quieren controles y que quieren que los zarzos legisladores decidan sobre cuestiones para las que no están preparados (algunos ni terminaron el secundario).

Mientras tanto, en Malargüe, donde hasta los chivos quieren minería para que dejen de hacer un Festival en donde los asan a tropel, están desesperados. La mayoría son empleados municipales porque ni un hospital público tienen. El aeropuerto sólo funciona para vuelos chárter, o sea… La muerte misma. En la ciudad de Malargüe no hay cloacas y el tendido eléctrico abarca sólo las diez hectáreas de ciudad, los puesteros viven en la oscuridad y la desidia de sus gobernantes. ¿Por qué no van a Malargüe a decir que la 7722 no se toca? No sean cagones, vayan y quédense unos días a ver si quieren vivir ahí más de un fin de semana.

Las Leñas es otro mundo casi (porque tampoco hay cloacas), pero ahí el trabajo es eventual.

Pero no, no van a Malargüe, van a la Legislatura a tomar de rehenes a la prensa y los legisladores. ¿Son bobos? ¿Creen que es legítimo lo que hacen?

Si no quieren cianuro, dejen de fumar antes que nada. Si no quieren contaminar el agua y la tierra hablemos de agrotóxicos en las fumigaciones. Coherencia por favor, por tercera vez.

Les voy a bajar la moral: Mendoza no es un oasis. Mendoza es un desierto, es montaña, piedra, arena, ripio, cal, yeso, cobre, oro, hierro, uranio y petróleo. Los ingresos de la Provincia no dependen de los viñedos y de las bodegas. La mayor parte de lo que entra a las arcas provinciales proviene de las regalías hidrocarburíferas y el turismo. Y el agua se pierde por infiltración. Dejen de romper cacerolas que, de paso, son metálicas.

Que San Juan, que Catamarca, que Jujuy… ¿Desde cuándo esas provincias son un ejemplo a seguir para nosotros? ¿Acaso no podemos demostrar que en Mendoza sí se puede hacer minería responsable?

Basta de hacer lobby para que la mano de obra barata que negrean en las fincas no se vaya a lavar baños o cambiar focos en una planta minera en donde va a ganar sesenta lucas en blanco. Ese es el verdadero problema.

Nadie les va a contaminar el agua del riego, pero al que hace los surcos para que el agua de riego, al que cosecha a pleno sol, al que poda y al que mueve la tierra, le van a tener que pagar tres veces más y en blanco si no quieren levantarse a las cuatro para hacerlo ustedes.

Den una muestra de decencia, coherencia y colaboración: cierren la boca y vayan a las Asambleas Públicas que la ley sí prevé para cada proyecto y que no se pretenden eliminar; ese es el lugar democrático en el cual exponer sus reclamos fantasmagóricos apocalípticos.

Mientras tanto, que los que saben y estudiaron para saber, decidan; y si no les gusta lo que deciden… No voten más a los que dicen que van a apoyar la minería.

Escrito por Bety Mármol para la sección: