Un año de rechazo a la minería: el ecoegoísmo que margina a los que menos tienen

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Mendoza cumple un año del rechazo de los llamados ambientalistas a la Ley 7722, que no permite inversiones mineras en una provincia, que, paradójicamente, tiene entre sus principales capitales los minerales. Una provincia que no puede agrandar su cinturón verde porque no hay agua suficiente, que necesita diversificar su matriz productiva con trabajo para todos, que se queda afuera del mapa productivo de Argentina mientras que otras provincias demuestran que se puede.

 Es hora de dejar de lado las pancartas y aceptar una actividad que, si se estudia con seriedad, consume infinitamente menos agua que la agricultura en el desierto, paga mejores salarios que otras actividades y da trabajo digno a los humildes.

La deuda pendiente hoy es empleo para todxs, igualdad de oportunidades, y recuperación económica en un año marcado por la pandemia de COVID19, por el cierre de pymes y una pobreza que afecta casi a la mitad de la población. Esta deuda solo podemos sanearla pensando de qué vamos a vivir en los próximos años en medio de un desierto rico en minerales, altamente demandados para la industria en todo el mundo.

Trabajo para todxs significa equidad e igualdad de oportunidades. Lo que se viene haciendo hasta el momento está bien: potenciar el sector de las nuevas tecnologías y el enoturismo. Pero la realidad es que los grandes generadores de trabajo, con sueldos dignos, para quienes hayan accedido a cualquier nivel educativo, son la construcción a gran escala, la metalmecánica o las industrias.

Tenemos que sincerarnos con esto, corrernos del egoísmo y pensar en los demás. Tenemos que garantizar trabajo para quienes no tienen acceso a una computadora, o no manejan nuevas tecnologías, o no pudieron acceder a una educación secundaria o universitaria. Esta es la verdadera diversidad y la igualdad de oportunidades.

Mendoza logrará salir adelante si apuesta por esta diversificación. Hemos potenciado sectores agrícolas como los frutos secos, hemos apostado por la economía naranja, hemos logrado ser una capital gastronómica. Ahora debemos ir por la industria.

Porque la industria es soberanía.

Soberanía económica, soberanía laboral, menos dependencia de los planes sociales que no alcanzan para vivir y no dan dignidad, más poder de decisión y de acción ante crisis como una pandemia.

Diversificación productiva significa dar salarios competitivos y mejorar el nivel de vida general, el de todos. Significa explotar con conciencia y cuidado del ambiente todos los recursos disponibles en Mendoza, porque eso se traduce nada más y nada menos que en la mejora de la calidad de vida de miles de familias que lo están pasando mal. Significa garantizar a esas familias un mejor futuro para sus hijos, que hoy, digamos la verdad, están sin escuela por falta de acceso a la tecnología, viviendo hacinados o ayudando a conseguir dinero a sus padres.

Los sectores que dan igualdad de oportunidades y salarios dignos a todxs, sin importar si existe conexión a Internet o acceso a una educación superior, son la construcción a gran escala o la explotación hidrocarburífera y minera. Y no hay nada ni nadie que indique aun cómo viviríamos sin coches, sin minerales que usan desde los celulares hasta los baños. Nadie. Ni siquiera los que fueron hace un año a la marcha antiminera con celular en mano y volvieron a sus casas edificadas con decenas de minerales.

Admiramos a países con estados de bienestar como Noruega o Canadá. Nos llenamos la boca con estos ejemplos de socialismo nórdico, pero no queremos aplicar su modelo. Antes de salir a marchar y declarar amor por los modelos nórdicos, deberíamos fijarnos de qué viven.

Ningún país o región sale adelante sin diversificar los puestos de trabajo que puede ofrecer en el sector privado, porque el dinero del Estado es limitado y es de todos, y debe ir a hospitales y a escuelas, no a limosna para los que hoy quedan marginados y marginadas.

Estos sectores, además, ofrecen sueldos competitivos para ciudadanos y ciudadanas que hoy se ven obligados a vivir con planes de 10 mil pesos. Si negamos esto, estamos negando las bases de nuestra Constitución, que establece el derecho a un trabajo digno y a una vivienda, sin importar el nivel de educación o estrato social.

Estamos condenando a departamentos como por ejemplo Malargüe, lleno de riquezas en su suelo, a despoblarse y a morir en el olvido.

La realidad hoy es que gran parte de la sociedad está afuera de la matriz productiva. No podemos permitirnos esto, porque es lisa y llanamente discriminación, prejuicio de clase y falta de empatía.

No podemos decidir unilateralmente a qué se debe dedicar una provincia que tiene gran parte de desierto con riqueza minera e hidrocarburífera, mientras que aplaudimos a naciones que pueden permitirse igualdad de salarios y un Estado presente gracias al petróleo y la minería.

Empecemos a mirar al otro, al que vive con techo de nylon, al que subsiste con changas en negro. Empecemos a ser más empáticos. ¿Merece oportunidades o merece morir en la pobreza por slogans que no solo no tienen fundamento, sino que fueron armados y financiados por organizaciones extranjeras como Extinction Rebellion, que nos usaron de títere para tapar el sol con las manos?

Es hora de sincerarnos, de pensar en el otro, de mirar hacia el que quedó afuera de la rueda de la economía. Es hora de dejar de repetir frases hechas y mirar hacia esos países que admiramos, como los nórdicos, Canadá o Australia. Porque la torta es chica, y los trozos que quedan después de esta pandemia no pueden ser solo para una elite universitaria e informatizada.

Pensemos en nosotros y en los demás con seriedad, con humildad y con sentido común.

Escrito por Bety Mármol para la sección:

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